Caso Cecilia Chacón: pleno del Congreso tendrá que pronunciarse sobre su inhabilitación
El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Santiago Gastañadui, se pronunció hoy sobre la inhabilitación de tres años a la congresista Cecilia Chacón, establecida en la sentencia que le impuso hoy la Primera Sala Penal Liquidadora.
Fue al ser consultado por el hecho de que la legisladora fujimorista fue procesada bajo el antiguo Código de Procedimientos Penales, y en consecuencia la inhabilitación se haría efectiva sin necesidad de esperar una sentencia firme de la Corte Suprema (así lo dispone el acuerdo plenario de la Corte Suprema 10-2009 CJ-116).
“No tengo todavía una posición formada, esto va a ser objeto de un análisis”, señaló el legislador oficialista.
No obstante, sí opinó que se requiere una sentencia firme. “Qué sucede si ejecutamos la medida y la congresista es absuelta por la Suprema (...) creo que se debe esperar una sentencia firme porque se puede afectar derechos fundamentales de la persona”, consideró en declaraciones a elcomercio.pe.
“Hay que revisar la Constitución y el Reglamento del Congreso”, agregó.
Gastañadui afirmó como ejemplo que la Ley Orgánica de Elecciones también exige la sentencia firme para vacar a un alcalde o regidor.
Precisó que la Comisión de Constitución emitirá opinión en tanto sea consultada y subrayó que “el pleno del Congreso tendrá que pronunciarse” para saber si esta pena accesoria debe cumplirse de manera inmediata o se tendrá que esperar sentencia firme.
“No es tan fácil. No solo porque el Poder Judicial señala la inhabilitacion esta procede de manera inmediata, esto también tiene que pasar por los cánones del Congreso de la República”, puntualizó.
DISCREPA CON EX OFICIAL
Hoy el ex oficial mayor del Congreso, José Elice, afirmó que la inhabilitación tampoco procede en tanto la condena privativa de la libertad no sea efectiva (A Chacón se le impuso prisión suspendida). Gastañadui discrepa.
“Así lo indica el artículo 25 del Reglamento del Congreso, pero también debemos tener en cuenta otras normas de materia penal que establecen que un condenado no puede ejercer función pública, allí hay que tener en cuenta no solo el reglamento sino también el Código Penal (...) no comparto esta opinión”, subrayó Gastañadui.
Fuente - El Comercio
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